LA MAFIA SIONISTA EN LA ARGENTINA.
“Cuando vean que para producir necesitan el permiso de quienes nada producen.
Cuando vean que el dinero fluye hacia quienes trafican influencias y no a los que comercian honradamente.
Cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa y no del trabajo.
Cuando vean que las leyes los amparan a ellos, en lugar de protegerlos a ustedes.
Cuando vean que la corrupción permite el éxito social y que la honestidad se convierte en un sacrificio sin sentido,
Entonces sabrán que su sociedad está condenada a muerte”.
Ayn Rand
De la Fiebre del Oro a la Fiebre de Tierras y el avance del modelo sojero en la Patagonia Argentina:
El gobierno de Río Negro gestiona inversiones para agronegocios, en este caso de China, con una superficie inicial de 200.000 hectáreas. Organizaciones sociales y políticas provinciales y nacionales, estudiantes, investigadores, productores y vecinos de las localidades comprendidas en estos nuevos “mapas del poder transnacional”, ya han marcado las razones del rechazo. El gobierno provincial, sin embargo, insiste en replicar el libreto de las agencias internacionales de crédito como el BID y el Banco Mundial, o de instituciones como el INTA y el CONICET, sumamente enredadas con las corporaciones de la alimentación, con el manejo privado de cuencas y energía y el mercado de semillas. Además, actúan por delegación, sustrayendo a la propia población del proceso productivo/creativo y se usa el secreto respecto a las negociaciones.
Es por ello que consideramos estratégico proponer los siguientes ejes para un debate más amplio:
Dentro del modelo extractivista y las reestructuraciones globales asociadas a los agronegocios, la Patagonia es nuevamente presentada como un lugar lleno de “riquezas” fronterizas. Las fuerzas políticas nacionales deberían reconsiderar el significado de ese término, “riqueza”, pues remite al cálculo distante y a la aplicación de métodos puramente extractivos, a la supuesta inevitabilidad de “explotar los bienes comunes” como si fueran “recursos” propios, para y del capital transnacional, con la mayor rentabilidad, y a subordinar territorios a los caprichos de los grandes centros de consumo, a crear otro patio trasero que se explota y se contamina sin considerar la multiplicidad de consecuencias sociales y ambientales asociadas, a corto y largo plazo. Estos nuevos cercamientos van más allá de correr alambrados para apropiarse de la tierra fértil que queda en el mundo. Solo en África, calcula la ONU, se han entregado al control externo más de 50 millones de hectáreas, casi una vez y media la Provincia de Buenos Aires. Igual proceso ocurre en América Latina. Es ahora el gobierno de una provincia de la Patagonia el que intenta agregar territorio a esos espacios del capital transnacional.
A partir de Martínez de Hoz a la cabeza y particularmente en los últimos veinte años, nuestro país ha sufrido a escalas nunca antes vistas, la presión de gobiernos y corporaciones para “integrar” a la Argentina a las exigencias de los mercados globales. Esas sujeciones de nuestra economía, que con tanta liviandad presentan técnicos y funcionarios gubernamentales como “demandas del mercado”, son importantes para comprender las consecuencias habidas en todos los planos de la vida nacional. Desde los despoblamientos territoriales a las urbanizaciones de miseria en que se concentran los desarraigados del campo, desempleados de la agricultura y de la industria. Desde las modificaciones en los hábitos alimentarios de los argentinos a la reproducción de partidos políticos sin ideales que tengan relación con un Proyecto Nacional, ni mayores diferencias programáticas, que se turnan en la administración de la cosa pública, mientras el verdadero poder reside en las corporaciones con sus hombres de confianza que ocupan altos puestos de gobierno y diseñan las Políticas de Estado.
Se trata fundamentalmente de un modelo de agroexportación de commodities transgénicas, en un principio destinado a proveer forrajes para las producciones de carnes en encierro tanto en Europa como en China, así como harinas y subproductos industriales de la producción de aceites. Ese modelo se complementó con un sistema de agronegocios que modificó radicalmente el espíritu del productor tanto como el del consumidor. La imagen ganadora del agronegocio logró cambiar los modos de hacer agricultura, impulsando la escala y el uso masivo de insumos, a la vez que desarraigando al agricultor de su tierra, sujetándolo a la búsqueda de rindes mayores y de máximas ganancias. Con la instalación de un sistema de cadenas agroalimentarias e hipermercadismo, se apropiaron asimismo de la mesa de los argentinos, modificaron las pautas alimentarias de la población, supeditaron el consumidor a los nuevos gustos y a los nuevos sistemas de venta, e impusieron la comida chatarra, que en el país se desconocía, comidas industrializadas y basadas en pastas básicas de sojas y maíces transgénicos con añadidos químicos.
En realidad lo que en su momento denominamos con buena capacidad de síntesis, como una agricultura sin agricultores, fue el comienzo de un arrebato masivo del territorio por parte de las corporaciones, que culmina actualmente, en la desolación de un pueblo privado de sus suelos y del arraigo a la tierra…
Un momento decisivo de este proceso en constante crecimiento, se produce durante la llamada Crisis del Campo en el transcurso del año 2008. Mientras los medianos y grandes sojeros cortan rutas, sitian de alimentos casi un mes a medianas y grandes ciudades y se desgastan en un enfrentamiento contra el Gobierno de Néstor Kirchner, el resto del complejo sojero/aceitero exportador, incluyendo a los grandes grupos de inversión y de siembra y a los propietarios con tierras en ambas márgenes del Río Uruguay, no solamente mantienen su poder exportador, aún más todavía, lo acrecientan, y además, aprovechan la crisis para realizar un crecimiento exponencial, hacia todo el Cono Sur. De hecho la llamada Crisis del Campo expresa una gigantesca reconfiguración del poder sojero de la Argentina y su extensión a Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y además, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Todos hablaron de los grupos de siembra, nadie frenó su poder [1].
La crisis financiera de 2008 dejó al desnudo, más que ninguna otra de las anteriores, los espejismos y las caóticas improvisaciones que rigen en la economía mundial, que es incapaz de sostener una economía social y ambientalmente sustentable. Sus capitanes y subalternos, por el contrario, proponen acelerar el curso de las acciones y hacer más de lo mismo a mayor velocidad. La capacidad de reacción social es puesta a prueba porque además de la trama subterránea y los simulacros de “participación”, como las audiencias públicas previstas que el régimen extractivo logró imponer, o con proyectos como el PEA, Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, se produce una oleada especulativa a nivel mundial mucho más profunda. El PEA, precisamente, tiene como meta aumentar el volumen de exportaciones de agrocombustibles y forrajes, a la vez que impulsar la ingesta de soja genéticamente modificada por parte de la población, en especial los sectores más pobres. Pensemos que las extensiones anunciadas de los territorios agrícolas dedicados a la producción de soja, en especial para agrocombustibles, inevitablemente avanzarán sobre zonas fértiles dedicadas a alimentar a la propia población, poniendo en riesgo de esa manera mucho más que ahora, la capacidad del país de alimentar a los argentinos.
Derrumbado el mercado inmobiliario, los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales de inversión privados, un puñado de corporaciones, pero también gobiernos de países que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor sino que, adictos a las fábulas de “crecimiento”, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y salen a buscar tierras en propiedad o arriendo. El mismo Banco Mundial reconoce los riesgos de estas aventuras:
Muchas inversiones [...] no pudieron cumplir las expectativas y en vez de generar beneficios sustentables, contribuyeron a la pérdida de propiedades y dejaron a la gente de la localidad peor que antes de las inversiones. De hecho, pese a que se ha hecho el esfuerzo de cubrir un amplio espectro de situaciones, los estudios de caso confirman que en muchas ocasiones los beneficios fueron menos que lo que se esperaba o no se materializaron en lo absoluto [2].
Esa misma institución, en clara contradicción de términos, sugiere en el mismo documento un “prometedor horizonte para negocios” de esta categoría. En términos similares se expresa el relator de la ONU Olivier de Schutter quien, en un reciente informe (http://www.srfood.org/index.php/es), reconoce que se están vulnerando los Derechos Económicos, …
A partir de 2009, en el país, comienzan a producirse agrocombustibles en una escala importante, cuyas bondades intenta publicitar la llamada ley Falcó, senador por Río Negro (Ley 26.093/2006, Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y uso sustentables de biocombustibles). Esa estrategia coincide con posteriores declaraciones del Sr. Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, quien pretende garantizar la recuperación financiera de ese continente por medio de la compra o arriendo de inmensas superficies destinadas a la producción de combustibles de origen vegetal. Por supuesto no en zonas rurales de Europa, sino en África, Asia y América Latina, que deben ceder tierras fértiles antiguamente destinadas a producir alimentos a cambio ahora de monocultivos destinados a la agroexportación. En una vena similar se encuentran los “empleos verdes” y la segunda Revolución Verde, dependiente de tecnologías transgénicas, grandes capitales, agrotóxicos e insumos en gran escala.
Esa negación de la Soberanía Alimentaria cierra con un plan continental de infraestructura, el IIRSA [3] directamente asociado, en su aspecto discursivo a nivel continental, al lenguaje domesticador de “Responsabilidad Social Empresaria-RSE” (antes de eso fue la Alianza para el Progreso), “Soja Responsable” y, para el caso que nos ocupa, Inversiones Agrarias “responsables”[4] donde la aplicación de normas “éticas” como no cabía esperar de otra manera, resulta voluntaria [5].
Pese a todas las advertencias habidas, y dando crédito a las leyendas del crecimiento exponencial como algo inevitable, “natural”, obligatorio, estadístico, competitivo y principalmente subsidiado (de otra manera no sería posible), se incorporan constantemente, más y más espacios (“agrandar la torta”, en la jerga de los liberales del Siglo 19 y neo-liberales del Siglo 20) dedicados a la producción de commodities. A esto se agregan la aceptación de qué producir, cómo hacerlo y en qué condiciones… negando la consideración de las consecuencias y ramificaciones de cada caso, que quedan en el plano discursivo o en promesas de manejo y remediación tecnocrática.
Ya han sido suficientemente comprobados, y el GRR ha dado cuenta de ello desde hace más de una década, las consecuencias producidas por los monocultivos de soja transgénica, por el uso masivo de agrotóxicos y, fundamentalmente, por el modelo extractivo y agroexportador. Y añadiríamos que, estamos convencidos que, no es a través de la prohibición de uno de los agrotóxicos usados, o mediante la delimitación de áreas restrictivas, como puede desarmarse este modelo, todo lo contrario, cuando la conciencia de la población está madura para comprender la situación de las dependencias coloniales, esas propuestas que suelen no ser inocentes, pueden convertirse en frustrantes caminos sin salida. La economía se limita de esta manera, en nuestra sociedad neocolonizada, a un mero productivismo y extractivismo que, para muchos condicionados por lo pequeño y por ideologísmos, se reduce a pugilatos entre patrones y sindicatos, o entre gobierno central y gobiernos locales, tironeos por el reparto de “regalías”, fondos sojeros y retenciones…, sin que se nos permita preguntarnos, cómo se obtuvo la renta o si ésta refleja las pérdidas de la situación laboral o las consecuencias ambientales que hipotecarán el futuro de los argentinos aún no nacidos.
Los modos de producir, industrializar, prestar servicios, transportar o comercializar mercancías no son separables del orden social que los acompaña y justifica. El modelo actual genera éxodo rural, inseguridad en las ciudades, persecución y enfermedades para los habitantes del campo, hace dependiente a la población de improbables rentas (regalías, retenciones, impuestos), a la multiplicación de trabajos asociados a tecnologías que requieren de permanente subsidios (TICs-Tecnologías de la Información y la Comunicación), turismo, espectáculos, prestación de servicios, hipermercadismo, especulación financiera, drogas, casinos, trata de personas Para el caso de la soja y la trata de personas [6], nuevos tipos de delincuencia, etc.. A esto se suma una histórica descalificación del trabajo físico, sea en talleres propios, en ferias y mercados locales, en trabajos rurales o construcción biodinámica, que hoy empiezan a revalorizarse por algunos sectores contestatarios, como modos novedosos de impugnar los modelos implantados.
De todos modos, sería más que ingenuo juzgar el modo de producción asiático que se abre paso hacia la Patagonia en términos de “rindes” por hectárea, contaminación como consecuencia de las fumigaciones o uso abusivo del agua de riego. La instalación de un territorio para la producción de Soja RR por los Chinos sin mayores mediaciones, significa un riesgo incomparablemente mayor que los simples impactos producidos por una agricultura química y a una gran escala. Este proyecto, de concretarse, significaría la conformación de un enclave en el propio territorio patagónico, a niveles similares a los que tanto la propia China como diversos países europeos, llevan adelante actualmente en el continente africano, comprando y apropiándose de inmensos territorios vaciados de sus poblaciones, para usarlos como granjas de producción intensiva de alimentos o forrajes, o sea como enormes retaguardias alimentarias y para la producción de agrocombustibles para sus automotores y transporte aéreo. En definitiva, que con este acuerdo del gobierno rionegrino, el modelo instalado de producción de commodities transgénicas se profundiza como en una vuelta de tuerca, hacia nuevos horizontes de neocolonizacion y pérdida de la Soberanía Nacional.
Los partidos políticos, los funcionarios y muchas fuerzas sociales que participan o se involucran en estas decisiones, no consultan, no debaten ni comparan antes de tomar o suscribir disposiciones de tal magnitud, trátese de agronegocios, pesca, hidrocarburos, o minería que afectan decididamente la Soberanía Nacional. En cambio, recurren a los simulacros participativos, en este caso, temerosos de la política entendida como aprendizaje relevante y manejo de la cosa pública, y responden a la movilización social, descalificando o criminalizando las propuestas que se les oponen.
Lamentablemente, la pesada herencia de la última Reforma Constitucional dejó a nuestra Patria sin potestad sobre el suelo y el subsuelo, es decir sobre los bienes comunes a todos los argentinos, quedando en manos de los gobernadores y grupos de poder provinciales el disponer indiscriminadamente del destino nacional en beneficio de negociados como el que nos ocupa actualmente en la provincia de Río negro. Estos atrapamientos o encierros de las luchas políticas, son la consecuencia de los modelos coloniales vigentes, dependencias globales que convierten en inocuos y frustrantes los esfuerzos parciales. Ello quedó claramente expuesto en la Ley de Bosques nativos y en la última Ley de Glaciares, leyes que fueron aprobadas entre forcejeos de las Cámaras legislativas con los barones provinciales, fragmentando una vez más, el cuerpo político y social de la Nación, que continúa careciendo de un Proyecto y de un liderazgo que la unifique y le marque un destino.
GRR Grupo de Reflexión Rural
septiembre-octubre de 2010
[1] ver “Las Repúblicas Unidas de la Soja”, Ed. GRR, 2007, en http://redaf.org.ar/noticias/?p=439 y el libro “La mafia judía en la Argentina” de Fabián Spollansky http://www.fabianspollansky.com.ar
[2] Banco Mundial, “Rising Global Interest in Farmland: can it yield Sustainable and equitable Benefits?”, Washington, DC, septiembre de 2010,
http://www.donorplatform.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1505 . Ver también http://www.solluscapital.com.br/destaques_de_inversiones.html de cómo los grandes sojeros argentinos como Los Grobos, se ligan e integran con Capitales financieros para constituir nuevas Corporaciones transnacionales.
[3] Ver “IIRSA, una ficción de integración latinoamericana”, REDES, autores varios, Montevideo, 2006, en:
[4] Ver Informe de GRAIN http://www.grain http://www.redes.org.uy/2006/03/17/presentan-libro-sobre-el-iirsa-una-ficcion-de- integracion-sudamericana/.org/articles/?id=66
[5] Verzeñass, Daniel: Amanco, Avina y el Agua en América Latina. “Cuando la limosna es grande…” en http://www.ecoportal.net/content/view/full/61996
[6] ver Hernán Scandizzo: Trata de mujeres y niñas: bajo la ley de la oferta y la demanda, en: http://alainet.org/active/38466
La característica más afortunada del matrimonio K y sus seguidores (¿secuaces?) es su perfecta transparencia. Para cualquier persona con educación primaria y una cuota promedio de sentido común, es harto evidente que no son ninguna otra cosa más que politicastros corrientes, es decir, elementos corruptos y parasitarios de la sociedad pero que operan más o menos dentro de las leyes de la misma (al contrario de los ladrones “comunes”, por ejemplo). Lo único que los diferencia es su particular mezquindad, codicia y desdén por los límites elementales que plantean las leyes de un país más o menos republicano y que, al menos en las formas, rinde culto casi místico a la “democracia”, si bien ignora por completo el significado y alcance de dicho sistema de gobierno.
Y, sin embargo, millones los apoyan. Y no me refiero a aquellos gobernadores, intendentes, diputados, senadores, empresarios, funcionarios, periodistas, ñoquis, blogueros, empleados públicos, “intelectuales”, etcétera, etcétera, cuyos modus vivendi dependen en forma directa del favor K (que se cuentan, estoy seguro, por decenas de miles en todo el país), sino a individuos que no obtienen beneficio alguno del gobierno, ni tienen acceso a él, ni son escuchados por él, ni tan siquiera son respetados por el gobierno K, antes bien al contrario. Son perjudicados en prácticamente todos los aspectos de sus vidas por las consecutivas administraciones de esta simpática familia (vamos por la tercera). Son castigados por impuestos desproporcionados a sus sueldos, son víctimas de delincuentes sin control alguno, son incapaces de ahorrar, son los principales perjudicados por la inflación, etc.
Y que principalmente, y el nudo del presente artículo, son víctimas de las mentiras más groseras de las que este país tiene memoria y que son repetidas en forma sistemática por todos los medios disponibles en nuestro, hasta ahora decepcionante, siglo XXI: radio, televisión, Internet, cine, medios gráficos, y más recientemente obritas infantiles en colegios primarios y kindergarten del Estado.
Resultaría cansador hacer un repaso de las mentiras de este gobierno (y de las medias verdades, de la manipulación del idioma para ocultar la verdad y todo el repertorio del refinado arte de mentir que este gobierno trata de dominar) puesto que quienes se molesten en leer este artículo las saben de memoria. El verdadero punto de interés es ¿por qué tienen tanto público, aceptación y apoyo? ¿Por qué después de nueve años de gobierno mediocre a directamente catastrófico sigue habiendo miles de ciudadanos que apoyan con convicción y con cariño a la figura pública más antipática y arrogante desde la madrastra de Cenicienta?
Para comprenderlo quizás sea necesario primero descartar los motivos que generalmente explican el apoyo popular a líderes dañinos para un país y que no se aplican en nuestro caso.
Miedo.
La totalidad de las dictaduras del siglo XX y muchos gobiernos autoritarios tuvieron como herramienta principal (y en algunos ejemplos notorios, única) el terror para asegurar su continuidad. A pesar de las más extremas condiciones de miseria, esclavitud, y terror permanente, los ciudadanos soviéticos, chinos, coreanos, sudaneses, somalíes, ugandeses, cubanos, alemanes, italianos, etcétera, soportaron y apoyaron por décadas a sus torturadores, porque lo contrario equivalía a la prisión, tortura o muerte, o -¿por qué no?- el tratamiento completo. Por ello, la población cumplía con todos los ritos y apoyaba cada una de las locuras de sus líderes, cualquiera fuera el costo de las mismas, ya sea en vidas o dinero o prestigio o dignidad humana.
Ciertamente éste no es el caso de la Argentina. La gente no apoya a CFK ni a sus esbirros porque le teman, de hecho un millón de personas salieron a la calle hace poco más de 60 días para subrayar que lo que menos le tienen a esta mujer es miedo. Para que un gobierno o el Estado influya verdadero terror en la población es necesario que cuente con un amplio sistema represivo, con una infraestructura burocrática eficiente que lo apoye y principalmente personas dispuestas a cometer toda clase de delitos para proteger a la tiranía y sus propias cuotas de poder dentro de ella. Es decir, es necesario contar con personas inteligentes y malvadas, y este gobierno no cuenta entre sus filas con personas en cargos relevantes que sean inteligentes (la personalidad de la mini autócrata excluye esa posibilidad) y, por más corruptos e inútiles que sean, tampoco son realmente malvados.
No les faltan ganas de oprimir a todos los que se les opongan y, dadas las condiciones necesarias, creo que utilizarían las vías de hecho para lograrlo, pero carecen de las habilidades “técnicas”, la convicción y la capacidad de organización elementales para ello. En resumen, la gente común que apoya a CFK no lo hace por miedo (los funcionarios y cortesanos, sí).
Agresión externa.
Muchos gobiernos han logrado aglutinar al pueblo en su apoyo invocando en forma mendaz o no, una seria amenaza externa, la posibilidad de una guerra o la acción deletérea y subterránea de fuerzas extranjeras que pretenden dominar o simplemente dañar a la Nación. No es que CFK y el finado no hayan intentado forzar este expediente en la opinión pública, sin embargo, el éxito ha sido escaso. Nadie cree realmente que el FMI o el gobierno de los EEUU y la UE pretendan que a CFK le vaya mal. Los fondos buitres o un juez comercial del Estado de Nueva York no son convincentes como enemigos capaces de voltear a un gobierno o de hacer serio daño a la Argentina. Los aplaudidores profesionales podrán vociferar en contra de ellos por todos los medios disponibles, pero el partidario K común y corriente no cree en la peligrosidad de esos enemigos “mortales”.
Nacionalismo-Ambición.
Esta variable es, con respecto a la anterior, su reflejo. Se da cuando el gobierno pretende, por las razones que le resulten convenientes, seducir a la población con inmensos proyectos de expansión territorial o política o ambas, buscan lograr el apoyo del común de los ciudadanos para tal o cual aventura expansionista, recurriendo a motivos raciales, políticos, ideológicos o económicos, o en muchos casos, a un cocktail de todos ellos. Nuevamente, no es el caso de la Argentina de principios del 2013. De hecho lo opuesto es la realidad argentina. Por motivos políticos e ideológicos, los K, a través de la castración y completa sumisión de las fuerzas armadas y de seguridad, colocaron a la Argentina en un nivel de vulnerabilidad que creo no tiene paralelos en el mundo, y ciertamente no en nuestra región, con la posible excepción de Paraguay. Aeronaves privadas con cargamentos de drogas surcan los cielos con total impunidad y las fronteras son apenas líneas en los mapas. Por lo dicho, éste tampoco es un argumento para los simpatizantes K.
Entonces, ¿cuáles son los motivos para que al menos un 50% del padrón electoral apoye a CFK?
Procederé a enumerar las razones ideológicas que creo son las determinantes, excluyendo las de carácter material, por ejemplo las dádivas del Estado (planes asistenciales) o los “puestos de trabajo” que el gobierno dice haber creado, o los votos que puedan “comprar” con choripanes y ferias ambulantes con precios ficticios (carne para todos, pescado para todos, fútbol para todos, etc., etc.), puesto que ese apoyo es espurio y principalmente precario, desaparecerá cuando algún otro político hago uso del mismo expediente.
Simpatía.
Sabido es que la muerte de su marido dio un impulso descomunal a CFK y que ella supo explotarla con gran éxito. Rápidamente se elaboró la figura de su marido como mártir de la causa nacional, y de ella como la continuadora, la viuda sensible pero fuerte que llevaría a la Nación hacia un futuro brillante. A pesar de que es a todas luces una estupidez (propia de un argumento de las películas de “Historias del Corazón”) o quizás precisamente por ello, la masa compró, encontró simpática la figura de la viuda y, la apoyó masivamente en las elecciones del 2011. Sumado, por supuesto, a que la economía aún no había demostrado los primeros síntomas del descalabro que se perfila 14 meses después.
Al contrario del razonamiento del “filosofo” Feinmann, según el cual las mujeres odian a CFK, que es una “triunfadora”, porque son mediocres, sin imaginación ni logros personales, o algo así, de hecho muchísimas mujeres apoyaron a CFK, digamos que por los mismos motivos y por además haber sentido empatía hacia una mujer que sufrió una pérdida personal dolorosa. Este apoyo sentimental persiste, pero es el más frágil de los que enumeramos aquí y consecuentemente se ha debilitado mucho. Después de todo, incluso en las películas del corazón el papel de la viuda no es uno de sufrimiento eterno.
Resentimiento.
Este elemento antecede a los K y es casi un clásico argentino. Luego de un inicio prometedor y exitoso, la Argentina comenzó a languidecer para luego ingresar en una larguísima decadencia y llegar eventualmente al penoso estado actual, que bien visto, no es muy diferente al de muchas naciones pobres y atrasadas de África o Asia pero principalmente Latinoamérica. Debido a que no somos muy dados a la autocrítica seria y meditada, invariablemente llegamos a la conclusión de que la responsabilidad de nuestros problemas es siempre de otros, de los países más ricos, de las multinacionales o de las ideologías que no entendemos ni aplicamos: los neoliberales, la “derecha”, los comunistas o lo que sea.
Ello nos genera resentimiento hacia aquellos que están mejor que nosotros, ya sea como conjunto o como individuos. Y es este pasatiempo argentino que los K han manipulado en forma muy efectiva (no sé si a conciencia o simplemente como una reacción natural de sus personalidades). Al presentarse como abanderados de los humildes y contrincantes de las fuerzas hegemónicas que nos sabotean y hunden, como luchadores comprometidos con lo “social”, protectores de las “fuentes de trabajo” y enemigos del capitalismo internacional y local, lograron que una parte importante de la sociedad percibiera que sus propios prejuicios y confusiones se vieran reflejados en los gobernantes, sin comprender que: a) están equivocados y b) es una impostura.
Identificación entre Nación, Estado y gobierno.
A los argentinos siempre les ha resultado difícil separar estos tres conceptos. El país es el gobierno, el gobierno es el Estado, la Nación el país, etc. Creen que son conceptos intercambiables y sinónimos entre sí. Y la consecuencia directa de esta confusión elemental es la identificación del presidente de la República con el Estado, el Gobierno, el País y la Nación. Más allá de que la Constitución establece un régimen presidencialista, los argentinos creen y desean que sea el presidente el líder único, la guía, el solucionador de problemas, el primer y último responsable. Y ya sea conscientemente o como consecuencia lógica de lo dicho, el presidente termina siendo no sólo la persona más poderosa del país, sino, en casos como el del finado Kirchner y CFW, la única persona poderosa. Y ese poder trasciende a la división de poderes y, eventualmente a la democracia.
Culto del Estado.
Éste es el factor determinante y más profundo, el elemento que persistirá incluso décadas después de que la caída de CFK y sus secuaces. De hecho es el motivo por el cual la Argentina produce la clase política que la dirige, es el origen de la corrupción y el estancamiento reinantes, de la inseguridad, la permanente crisis económica y los periódicos quiebres políticos y sociales que se suceden desde hace 83 años. La concepción del Estado como la única fuente de todo es compartida tanto por aquellos que apoyan a los K como por los que los detestan. Es el factor común entre los grupos más disímiles de la sociedad argentina. Los sindicatos quieren que los servicios públicos sean estatizados (y de ser posible que se los den a ellos para administrar), es decir, exigen más poder para el Estado. Por otro lado, los transexuales quieren que el Estado les dé un DNI que establezca el sexo de su preferencia. ¿Para qué? Para poder acceder a trabajos en el Estado, precisamente. Ni se les cruza por la cabeza pensar que su verdadero problema es que exista un DNI, que el Estado tenga un registro compulsivo de las personas, por lo tanto lo que piden es… más poder para el Estado.
Cuando hay un accidente en una ruta, cuando hay que hacer colas de horas para pedir un turno en un hospital público, cuando se corta la luz, cuando no andan los trenes, cuando un delincuente sale libre a pesar de tener condena firme, en resumen, cuando cualquier cosa funciona mal, los argentinos, con razón, se quejan del Estado. Pero, he aquí lo fascinante del problema, a pesar de que es obvia la completa ineptitud del Estado nacional o provincial para administrar cualquier cosa, la respuesta que dan en forma rotunda, colectiva y al unísono es: MÁS PODER PARA EL ESTADO.
El problema de la expropiación de YPF no fue la expropiación en sí, sino que lo hicieron con malos modales. El proteccionismo de la industria nacional (que no invierte, que no genera trabajos, que fabrica porquerías a precios fabulosos) no está mal en sí; el problema es que lo implementa un funcionario de cuarta categoría y que es también muy maleducado. La ley de medios (que nadie se ha molestado en leer) no es mala, ya que otorga al Estado poder sobre quien dice qué cosa, cuándo y cómo; el problema es que la quieren implementar en forma autoritaria.
En resumen, para los argentinos el Estado lo es todo, el origen y solución de todos los problemas, por lo tanto, es solamente lógico que cuando un delincuente especialmente descarado llegue a la presidencia y reivindique el papel absoluto del Estado en la vida de la Nación, los argentinos lo apoyen masivamente.
Manuel Carbajal
“Un gobierno tan grande que puede dar todo, puede quitarlo todo”. Gerald Ford.
LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
DEBEN SER PROBADOS.
Luego de derrotar militarmente a la Alemania nazi, los aliados decidieron organizar de inmediato los tribunales de Nuremberg para juzgar a los máximos responsables de los hechos cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el supuesto genocidio perpetrado contra el pueblo judío. Ése fue, históricamente, el primer ejemplo claro de lo que hoy llamamos “justicia transicional”.
Cabe recordar que, desde su inicio, esas conversaciones evidenciaron la existencia de dos posiciones marcadamente diferentes. Por una parte, la de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que procuraban hacer justicia con equidad, respetando el debido proceso legal. Por la otra, la de la Unión Soviética, que consideraba a los líderes nazis culpables ex ante, simplemente en función del contexto de la Segunda Guerra, como si por eso no hubiera sido necesario probar responsabilidad personal alguna. Los soviéticos veían los procesos judiciales apenas como un mecanismo para graduar, en cada caso, las penas por imponer. Nada más.
Es obvio que los soviéticos procuraban esencialmente propaganda y revancha pública, lo que poco y nada tiene que ver con hacer justicia. El fiscal soviético Andrei Vyshinsky sostuvo entonces que la presunción de inocencia debía, a lo sumo, considerarse “un prejuicio burgués”. En rigor, los soviéticos estaban, además, tratando de ocultar su atroz matanza de centenares de oficiales polacos en Katyn, que recientemente Rusia ha reconocido como realizada por mandato de las autoridades soviéticas. Por su parte, el delegado soviético I. T. Nikitchenko sostuvo que las Declaraciones de Moscú y de Crimea (Yalta), por su contenido, debían tenerse por condenas, sin que fuera necesario dictar sentencias judiciales de ningún tipo para seguir adelante contra los jerarcas nazis.
Para los soviéticos, la carga de la prueba debía estar a cargo de la defensa, invirtiendo así la regla tradicional -exigida por el debido proceso legal y por el principio de presunción de inocencia- que postula que la prueba está -en cada caso- a cargo del fiscal acusador.
Nikitchenko, por lo demás, no comprendía qué era lo que los norteamericanos querían decir cuando insistían constantemente en que los jueces debían ser -y actuar- como personas independientes e imparciales. Lo que supone que debían dejar de lado las presiones externas, así como las derivadas de sus propias emociones, esto es, de sus respectivas ecuaciones personales. Para Nikitchenko, eso sólo suponía demorar las cosas innecesariamente.
El formidable fiscal norteamericano Robert Jackson, por su parte, estaba atónito frente a la pretensión soviética de concebir los juicios apenas como una formalidad, puesto que los soviéticos creían que eran importantes por razones políticas, pero no de justicia: la ideología les impedía ser, en esto, objetivos; y los lanzaba en dirección a la venganza. Por eso, en su momento, Jackson señaló: “No se debe poner a ninguna persona en juicio si uno no está decidido a dejarla en libertad si no se prueba su culpabilidad. Si uno está dispuesto a ejecutar a esa persona en cualquier caso -agregó-, no debiera organizarse ningún proceso penal, porque el mundo no respeta a aquellos tribunales que han sido simplemente organizados para condenar”.
Desde entonces, la comunidad internacional ha evolucionado mucho y bien en materia de regulación de los crímenes de lesa humanidad y ha adoptado un principio, hoy reconocido universalmente, que es el de la necesidad de que los fiscales procedan a probar siempre los cargos que formulan “más allá de toda duda razonable”. Una vez más, se confirmó el conocido principio de actori incumbit probatio. Si este requisito, que es una exigencia del Estado de Derecho y del debido proceso legal, así como de la necesidad de respetar las garantías judiciales esenciales, no se alcanza, debe absolverse al acusado. Ese y no otro es el estándar penal hoy universalmente aceptado por la comunidad internacional, que ha sido adoptado expresamente en los instrumentos y normas que regulan la actividad de los tribunales penales internacionales. En todos los casos.
Para cumplir con esta pauta es necesario no sólo probar el elemento físico de los delitos ( actus reus ), sino también su componente mental ( mens rea ), esto es, la intención de delinquir. Ambas cosas. Y que, cuando se trate de participaciones delictivas en las que, además, exista -y se pruebe- un plan común, es necesario que el presunto partícipe conozca la mens rea de quien cometerá materialmente el delito. No es posible asignar culpa por mera identidad política o ideológica. Ni tampoco por creencias o inferencias subjetivas.
Como sostiene Danilo Zolo, los jueces deben separar la política de la justicia, de modo que el proceso penal no sea simplemente una engañosa teatralización ritual de la lucha política o de la estigmatización de quien es considerado enemigo. Los procesos penales, es cierto, pueden estar sujetos a manipulaciones, interferencias y hasta a presiones indebidas. En algunos casos, realmente escandalosas. Cuando esto sucede, quedan viciados de nulidad.
Es hora entonces, en nuestro medio, de dejar de invocar mecánicamente el precedente interamericano del caso Veláquez Rodríguez, de los años 80, con el que, en algunos casos, se pretende asignar culpabilidad sobre la base de meros indicios y presunciones y de un pretendido “contexto” general de la Argentina de los años 70. Se evita así la responsabilidad de tener que probar “más allá de toda duda razonable”.
Ocurre que, desde los años 80 hasta hoy, el derecho humanitario internacional ha avanzado enormemente y adoptado, sin excepciones, esa regla esencial. La de la necesidad de probar las acusaciones que se realizan “más allá de toda duda razonable”. Cabe asimismo recordar que la referida decisión interamericana aclara que ella se aplica sólo a los tribunales internacionales y ciertamente no a los internos. Además es necesario apuntar que, aunque ella sólo pueda invocarse en el ámbito internacional, lo cierto es que exige que siempre se deduzcan conclusiones consistentes con los hechos y no con la fantasía o las emociones de los juzgadores.
Si la Argentina no abraza con rapidez y claridad la pauta probatoria utilizada y definida por el resto del mundo para los delitos de lesa humanidad -esto es, la necesidad de probar siempre la comisión de los delitos “más allá de toda duda razonable-, la historia tendrá, en las decisiones judiciales que caprichosamente den la espalda a ese principio, vehículos de revancha. Lo que sería lamentable y algo de lo que nuestras generaciones futuras nunca podrán estar orgullosas. La visión soviética de la segunda posguerra mundial no puede ser, de pronto, adoptada entre nosotros, y menos aún cuando la comunidad internacional toda ha adoptado la estricta pauta probatoria antes referida para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.
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