miércoles, 14 de marzo de 2012

EL GRAN NEGOCIO DE LA DROGA


FUENTE DE INFORMACION

Córdoba no está receptando como corresponde (y muchísimo menos alentando como debería) las denuncias sobre narcotráfico. Sebastián García Díaz

El crecimiento de las redes de venta de droga en Córdoba se ha consolidado como una realidad escandalosa. Todos sabemos dónde se vende, “menos la policía y la Justicia”, como se dice habitualmente.
Y es que se vende en todos lados: en la calle, en el barrio, en el colegio (a la salida y adentro), en los boliches, en los estacionamientos, en los paradores de las sierras y hasta en los clubes deportivos.
Cada vez que expongo sobre la cuestión, debo responder la pregunta obligada: “¿Por qué no hacen nada; por simple negligencia o porque están vinculados con esos negocios?”
Una pregunta similar me hacen cuando denunciamos que las redes que operan el narcotráfico en la provincia son las mismas que están desarrollando la trata de personas y la prostitución, con total impunidad, en todas las rutas de Córdoba y en la madre de todos los delitos complejos, que es la ruta 38 (que cruza el valle de Punilla).
En este artículo, dejaré al lector la respuesta a tan delicada pregunta. Varios indicios marcan que si fuera negligencia, sería muy grosera. Valga este ejemplo para corroborarlo.
La ciudadanía como aliado. Hay una estrategia que es básica, pero que ha demostrado ser muy eficaz en esta lucha. Es la que están utilizando los países que ostentan avances reales en la materia.
Se trata de campañas de promoción, por todos los medios posibles, para que la gente vuelva a confiar y acerque su denuncia. Los especialistas han concluido que tener como aliado a la ciudadanía es un arma implacable.
Recordemos que, por ley, las denuncias sobre drogas son obligatoriamente anónimas, por lo que sólo es necesario instrumentar los diversos canales para que le resulte sumamente sencillo al vecino conectarse con la policía, la Justicia y el gobierno y decir: “En la esquina de mi casa están vendiendo”.
En los países que mencioné, no se quedan allí: solicitan a los pobladores del interior que denuncien el avistaje de avionetas sospechosas o de cualquier situación que consideren irregular.
Llegan a poner carteles en los baños de los boliches y escuelas para que, ante la mínima sospecha u oferta, un joven pueda hacer su aporte en forma discreta y anónima.
Los miles de ojos y oídos de buenos ciudadanos dispuestos a colaborar se convierten, sin mayor esfuerzo, en una enorme red de aliados de la Justicia y la policía. Sus denuncias sirven para hacer mapas del delito, para controlar la base de las fuerzas de seguridad (porque el canal debe prever que también se denuncie al policía corrupto que brinda protección a los delincuentes).
Antes de que sea tarde. Sirve, también, para poner al ciudadano en un rol activo, responsable, militante de sus derechos y de los deseos de proteger a los suyos.
En los barrios que viven incipientes procesos de favelización, la denuncia anónima, escuchada y procesada en tiempo y forma, puede llegar a ser el único canal de protección para las familias que aún resisten caer en la red del narco que domina la zona.
Pero, en Córdoba, nada de eso hacemos. No hay un número telefónico promocionado con fuerza y determinación por los medios masivos ni sitio web ; no hay correo electrónico ni redes sociales. Hay un 0810 que, cuando fui secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia, hicimos público, pero que al poco tiempo me solicitaron que “no le diera tanta manija”, porque estaba colapsando el sistema.
Está claro que si el canal existe, la ciudadanía participa. Antes de ser funcionario, desde una simple página de Internet y colocando 300 carteles de vía pública con la pregunta “¿dónde se vende droga en Córdoba?”, recibimos más de mil denuncias en tres semanas.
¿Quiere el Gobierno Provincial recibir denuncias ciudadanas? ¿Quieren los fiscales federales que los taxistas y remiseros le cuenten todo lo que saben? ¿Quiere la cúpula policial y el ministro de Seguridad que ese vecino valiente que vio algo sospechoso lo diga lo antes posible?
La respuesta parece ser negativa. No quieren. Sino, lo harían. Córdoba no está receptando como corresponde (y muchísimo menos alentando como debería) las denuncias sobre narcotráfico. Tampoco sobre posibles lugares donde haya mujeres esclavizadas por las redes de tratas ni sobre otros delitos aberrantes.
Podría ocurrir que sólo fuera negligencia grave. Si es así, es cuestión de presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer, antes de que sea demasiado tarde. Sirva este artículo para cumplir el objetivo.
*Ex secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia

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Los negocios de la DEA con los narcos

Intervención. La presencia de los agentes de la DEA en México es cada vez más notoria.



Guerra antinarcóticos en México. La revista Proceso acaba de revelar los vínculos estrechos que unen a las agencias de inteligencia de Washington con el Cartel de Sinaloa, que dirige El Chapo Guzmán. Por otro lado, el gobierno mantiene un silencio sospechoso.
Una red de intrigas y vínculos estrechos entre la Drug Enforcement Agency (la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA) y el cartel de Sinaloa, que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, el narco más buscado en México, fue revelada por la revista Proceso en su último número y amenaza con volverse un escándalo internacional en el marco de una guerra que ya contabiliza 60 mil muertos en seis años, desde que el presidente Felipe Calderón sacó a las calles a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. El juicio que se le sustancia a Vicente El VicentilloZambada Niebla en la Corte de Illinois, Chicago, ha sacado a la superficie las, por lo menos dudosas, tácticas de la DEA para combatir el narcotráfico en suelo estadounidense. Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cartel de Sinaloa, declaró ante la Justicia norteamericana que fue contactado por la DEA para negociar impunidad a cambio de colaborar con información sobre acciones y movimientos de otros carteles mexicanos rivales. La gestión del contacto fue encargada por el propio El Mayo con la venia del El Chapo Guzmán, a quien entonces fungía como abogado de los narcos y participaba también del tráfico de drogas: Humberto Loya-Castro. Quien al parecer necesitaba más de un empleo para vivir y quizás por eso desde 1998 sirve de informante para el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la DEA.
Desde el año 2002, la agencia antidroga con sede en Arlington, Virginia, desarrolla dos operaciones clandestinas de infiltración, con informantes pagos, dirigidas los carteles del Golfo y de Sinaloa bajo los nombres claves Colmillo Blanco y Caballero Andante. En un informe interno reconoce que las mismas están destinadas a “recolectar información del contrabando, transporte y cruce de drogas a través de México y a lo largo de la frontera norte”. La información recolectada por los delatores y analistas de inteligencia contratados se concentra en la frontera sur de Estados Unidos: el Fuerte Bliss del ejército, ubicado en El Paso, Texas, con una tropa de 23 mil efectivos entre los que se destacan los soldados de la IV Brigada de la Primera División Armada que combatieron en Irak.
El acuerdo de inmunidad para las actividades ilícitas del Cartel de Sinaloa –así como los alertas recibidos en esa organización sobre investigaciones y operativos de las fuerzas de seguridad locales o estadounidenses– nace al amparo de estos programas, que posteriormente serán ratificados en un encuentro digno de un film del director deMachete y El Mariachi, Robert Rodríguez, cuando Loya-Castro se reúne en el lobby del hotel Sheraton del Distrito Federal (DF) con el agente Manuel Manny Castanon. Allí, en una habitación con vista al Paseo de La Reforma Cuauhtémoc, mantiene una breve reunión con Manny y otros oficiales del gobierno de Estados Unidos. El confidente de El Chapo abandona el lugar y regresa cerca de la medianoche con El Vicentillo, quien acabaría de cerrar el pacto de colaboración para abastecer a la DEA con información y datos de carteles enemigos, siempre con la anuencia directa de los líderes de una de las más temibles bandas de narcotraficantes en suelo azteca. Sin embargo, algo saldría mal. Mientras Vicente Zambada recorría el trayecto hacia su residencia, la apacible y cálida madrugada se volvió un infierno para él: unidades del Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República (cuyas oficinas se encuentran a escasas cuadras del Sheraton DF) lo detuvieron y un año después era extraditado por pedido de Washington.
Ahora, mientras la causa en su contra avanza, Zambada busca cobrarse la traición y blande el trato de protección para librarse de una sentencia segura. Pero el propio Castanon juramentó la inexistencia del mismo y negó que fueran prácticas de la DEA, aunque sí reconoció la caracterización de Humberto Loya-Castro como “confidential source” (fuente confidencial). De todos modos, el aporte de la Casa Blanca en la ofensiva contra el contrabando de drogas en México quedó en entredicho y la línea que la separa de la complicidad con el delito se ha adelgazado peligrosamente. Ahora, Jesús Manuel Fierro Méndez, integrante del Cartel de Sinaloa y ex capitán de la policía de Ciudad Juárez, reveló que había sido “portavoz” de El Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en algunas reuniones personales con funcionarios estadunidenses de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior. Fierro Méndez delató ante la Corte de Distrito del Oeste de Texas a sus ex capos a cambio de zafar de la pena de 27 años a la que fue sentenciado en el 2008. A todo esto, las autoridades mexicanas mantienen un silencio que trasluce desconcierto y no atinan a responder a esta protección de quienes dice combatir por parte de aquellos que son sus aliados en la lucha. Con la publicación del New York Timesde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó a la DEA a lavar hasta 10 mil millones de dólares procedentes de las ventas de drogas, la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, frente a una consulta periodística respondió que “no, no sabía nada el gobierno…”.

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